Daniel Carranza
DATA Uruguay – Red de Gobierno Abierto
Una de las principales dificultades para la incorporación de los planes y políticas de Gobierno Abierto como herramienta de incidencia entre organizaciones de sociedad civil —y particularmente entre las que trabajan temáticas de DD.HH. o las que desarrollan el grueso de su trabajo en campo— es la disociación entre las necesidades concretas, tangibles y con impacto inmediato del trabajo diario, y la incertidumbre de procesos de colaboración o la intangibilidad de la información o los datos, aún cuando nadie discuta su relevancia.
Sumando la escasez de recursos que es una realidad para la mayoría de la sociedad civil, resulta evidente por qué el gobierno abierto, la transparencia y el fomento de la participación y colaboración (en genérico, no asociadas al trabajo concreto) quedan por detrás de otras prioridades para la mayoría de la sociedad civil.
El Gobierno Abierto puede muchas veces, generar impactos directos en temas de DD. HH. y, con una mirada no demasiado amplia, es fácil identificar, como ejemplo, compromisos en anteriores Planes de Acción de Gobierno Abierto ante la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) en este sentido (2º Plan: 2.1, 4.4, 4.5, 3º Plan: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 6.5, 6.6, 9.2 y 4º Plan: 2.1, 2.2, 4.3, 7.4, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7).Sin embargo, su mayor potencial está en el efecto cascada que un compromiso de gobierno abierto, la apertura de datos o la participación pueden tener cuando generan la infraestructura sobre la que organizaciones de sociedad civil y otros actores sociales pueden desarrollar su trabajo.
En un intento de conectar esas realidades, tomemos prestado el concepto de “Infraestructura Pública Digital” del mundo de los datos y servicios abiertos. Este se utiliza para ilustrar el por qué y para qué de los datos abiertos en el ejercicio de gobierno.
De la misma manera que la infraestructura física que los gobiernos producen y sostienen para el desarrollo de actividades que generan valor (social, económico o de otro tipo), la información, los datos y servicios abiertos, ofrecen la infraestructura digital para que organizaciones de todo tipo desarrollen actividades y generen valor.
Esta misma idea podemos llevarla al gobierno abierto; las mejoras en transparencia, participación, colaboración e innovación pública forman la infraestructura sobre la que la sociedad civil puede construir herramientas para el conocimiento y ejercicio de derechos. Esa infraestructura puede tener diversas caras, que podemos analizar en base a los principios rectores del gobierno abierto.
El derecho de acceso a la información es una de ellas, y ha demostrado, desde la aprobación de la Ley 18381, en 2008, ser un insumo de enorme valor para la defensa de los derechos. La defensa y mejora de esa ley ha sido uno de los puntos centrales del proceso de Gobierno Abierto, así como el objetivo de múltiples compromisos en planes de acción (3º Plan: 8.1, 8.2, 8.3 y 4º Plan: 4.1, 4.2, 4.3).
La rendición de cuentas, y en particular el seguimiento de compromisos asumidos por el estado en otros ámbitos y foros internacionales, ha demostrado ser una gran “puerta de entrada” para organizaciones al universo del Gobierno Abierto. Para las organizaciones, existe un vínculo directo entre lo que se solicita monitorear y su trabajo diario, mientras que para los organismos públicos, suele existir una alineación de incentivos entre lo solicitado y obligaciones preexistentes de cumplimiento o monitoreo. Un ejemplo destacable en el segundo plan de acción nacional es la meta 2 del compromiso 2.1; “Rendición de cuentas de la implementación de la Ley 19.122 sobre Normas para favorecer la participación de afrodescendientes en las áreas educativa y laboral”, surgida de un proceso de diálogo y acercando a organizaciones la posibilidad de monitoreo de una política de importancia clave, pero con limitada información de su impacto real.
Hasta aquí podemos pensar en un involucramiento relativamente “pasivo”; las organizaciones solicitan compromisos de publicación de información o rendición de cuentas que podrán incidir en la toma de decisiones, pero no implican necesariamente un accionar sobre lo comprometido. Pero cuando dejamos de pensar meramente en transparencia y avanzamos hacia el concepto de datos abiertos, se abren oportunidades completamente distintas. Volviendo al concepto de infraestructura, los datos abiertos se apoyan en la idea del reuso y la construcción de valor. Los datos en crudo tienen una utilidad limitada —e incluso pueden ser un formato más incómodo para su consumo si lo que queremos es meramente ser transparentes—; sin embargo, abren inmensas posibilidades para su reutilización.
Desde medir con diversos cortes y dimensiones, cruzar datos de distintas fuentes y analizar, hasta construir herramientas y servicios en base a esos datos para la difusión o ejercicio de los derechos, los caminos hacia la construcción de valor no solo son variados, sino que desafían las expectativas previas o los usos esperados de ellos. En algunos casos, la relación entre el dato y su uso es relativamente lineal. Como ejemplo, los datos de prestadores de servicios de salud (2º Plan, compromiso 4.5) derivaron en el portal ATuServicio.uy. Pero una de las razones por las que se abren los datos es porque no podemos prever todos sus usos, y un ejemplo interesante en ese sentido puede ser la publicación de datos del nomenclátor de Montevideo, uno de los primeros juegos de datos publicados por la Intendencia de Montevideo (IM) alrededor de 2009, y una temática que en principio no se visualiza directamente vinculada a derechos. Éstos fueron utilizados en 2015 por el proyecto ATuNombre.uy, visibilizando una de las muchas dimensiones de la desigualdad de género a través de los nombres de las calles de Montevideo, y terminaron impulsando el proyecto Mujeres Con Calle de la Intendencia de Montevideo (IM), que comenzó a transformar esa realidad a través de un plan y cambios normativos en la Junta Departamental.
Otra cara de la infraestructura que podemos construir a través de los principios del Gobierno Abierto es la de la colaboración. En Uruguay existe una larga tradición de vínculos entre el estado y sociedad civil, desde participación en definición de políticas, hasta co implementación (quizás los centros CAIF son el ejemplo más extendido y reconocido de ésto último), por lo que hablar de colaboración no ha sido un gran diferencial para el proceso. Sin embargo, es importante recordar que los principios de Gobierno Abierto aspiran a transformar la forma de gobernar, incorporando la colaboración como una práctica sistemática e intrínseca al desarrollo de políticas y programas.
Los planes de Gobierno Abierto en Uruguay cuentan algunos ejemplos muy interesantes de esto, y como muestra vale la pena destacar el compromiso del Observatorio sobre violencia basada en género hacia las mujeres (4º Plan, 2.1) que unió academia, múltiples organismos y sociedad civil, logrando articular diferencias de larga data en medición y construyendo articulaciones duraderas.
Por otro lado, aunque no tan presente en los planes de acción de Uruguay, la libertad de expresión, asociación y reunión forma parte tanto de la Declaración de Gobierno Abierto que los países firman para ingresar a la Alianza por el Gobierno Abierto, como de los compromisos asumidos en la Declaración de París de 2016. Como constata el Reporte Global 2019 de OGP, la mayoría de los países no asume compromisos vinculados a esta temática y, en caso de Uruguay, no se incentivó tampoco su inclusión, ya que se cuenta al país dentro de los que “no tienen problemas” en el tema.
Pero la realidad ha implicado un viraje en este punto. Desde lo local, la temática de libertad de expresión se ha convertido en una preocupación como se evidencia con el último reporte del proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” de CAinfo. Y las restricciones a la circulación y reunión asociadas a las medidas tomadas en el contexto de la pandemia por la COVID-19, han puesto el tema en el centro de la discusión política, con sonados casos monitoreados por organizaciones de la sociedad civil y evaluadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este fenómeno es un reflejo de lo que parece ser una tendencia global a la restricción del espacio cívico en el marco de la pandemia, y OGP ha reforzado significamente el foco en estas libertades fundamentales, con sucesivas publicaciones, campañas y declaraciones.
En este nuevo contexto, desde sociedad civil nos debemos una reflexión sobre la necesidad de incorporar la temática de la libertad de expresión en el marco de los planes de gobierno abierto, para tener —siguiendo con la analogía— la infraestructura que nos va a demandar su defensa en los años por venir.
Por último, hay un elemento de la infraestructura construida alrededor del gobierno abierto, que no depende de los planes ni del gobierno. Una “externalidad” del proceso, y en particular de la articulación de organizaciones a través de la Red de Gobierno Abierto, es la colaboración entre organizaciones y la generación de vínculos y complementariedad, enriquecida por la diversidad temática de las organizaciones que participan del proceso.Más allá de la articulación y apoyo mutuo para la cocreación, seguimiento y monitoreo de los planes de acción de Uruguay, ésta ha dado paso a la generación de vínculos entre organizaciones, colaboraciones puntuales y a largo plazo, proyectos y búsquedas de fondos en alianza.
Retomando la disociación mencionada al inicio entre la promesa del gobierno abierto y el trabajo diario, lo aquí propuesto es que la razón por la que vale la pena formar parte de estos procesos es porque nos permite a las organizaciones contar con los insumos necesarios para desarrollar nuestro trabajo en la defensa de derechos, y nos permite hacerlo de forma articulada y colaborativa.
La transparencia, participación y colaboración no sólo mejoran el ejercicio de gobierno, sino también el accionar de quienes buscan incidir en éste.
2 Guía de gobierno abierto y coronavirus: Desinformación y protección de la libertad de expresión
3 Respuesta Abierta + Recuperación Abierta + Renovación Abierta